Carentes
de reconocimiento legal y condenados a un estado de invisibilidad
y a una situación de limbo jurídico. Así como
a una cruel explotación laboral a la que muchos
de ellos son sometidos, alimentando una precariedad creciente
a todos los niveles y convirtiéndoles a muchos
de ellos directamente en los nuevos esclavos del S.XXI.
Durante una noche, la ocupación
de la catedral fue un intento de lucha por la dignidad
como personas y su voluntad de integración legalmente
reconocida.
El encierro como último recurso
desesperado ante la impotencia de verse ignorados y silenciados,
utilizados como mano de obra barata y sin derecho alguno.
Los árboles crecen, las personas
también pero al inmigrante se le condena a un
estado vegetativo social del que muchos se nutren pero
pocos le permiten realizarse como persona coartando una
libertad básica y necesaria.
La complejidad del fenómeno
migratorio actual debido a estructuras económicas
que no tienen intención de cambiar debido a la
falsa y engañosa sensación de bienestar,
aumenta las diferencias y casi todo se convierte en un
espejismo que nubla la visión y el sentido común,
llegando a la indiferencia ante el drama personal de
miles de personas que por puro instinto de supervivencia
emigran de sus países de origen para encontrar
un modo de vida mejor al de sus lugares de procedencia
en los que gobierna la pobreza, miseria y guerra.
A pesar del acuerdo establecido con
el capellán de la Catedral de mantener el encierro
hasta las nueve de la mañana del día 6,
un fuerte dispositivo policial rodeó el templo
realizando inesperadas detenciones
a 30 personas, a 17 de las cuáles se les aplicó una
orden de expulsión del país.
El dispositivo policial crecía
por momentos y la tensión y el miedo también.
El acoso llegó a la intervención
a altas horas de la madrugada de cuerpos policiales antidisturbios
dentro de la Catedral, produciéndose un desalojo
que violaba el pacto de permanecer allí hasta
la hora y momento convenido.
La presión de varias organizaciones
y de la Administración conscientes de la magnitud
del hecho de protesta y considerando como inapropiado
el acto, con el argumento de actuales consideraciones
del nuevo Gobierno en materia de inmigración provocaron
un desalojo forzoso y desmedido en las formas por parte
de los cuerpos de seguridad, llegando a la utilización
de la violencia.
Lo cierto, es que hasta ahora el
problema se ha ido parcheando y las reformas legislativas
han sido cada vez más restrictivas y de tono opresivo
con ausencia de consideración con los derechos
humanos y fundamentales de las personas inmigradas, llevando
ello a acciones desesperadas ante el desánimo
y falta de perspectivas de resolución de una dramática
situación. |
