| Dossier Salamanca - L'A29 - 3r Trim 2002
-En Salamanca también están nuestras fotos.
-Ecos de la Historia
En Salamanca también están nuestras fotos
Josep Cruanyes i Tor/ Historiador
Cuando se dio por cerrada la dictadura franquista, se inició un nuevo régimen democrático constituido en base a una proclamada "reconciliación". Poco antes de aprobarse la Constitución se restituyó la legalidad de las instituciones que la dictadura había suprimido ilegítimamente, entre ellas la Generalitat de Catalunya. Su último presidente, elegido en el exilio de México en el año 1954, también recibió reconocimiento oficial. Asimismo, dejaron de ser perseguidos muchos partidos ilegalizados por el franquismo, como el PSOE, el PSUC, el PCE y ERC, además de sindicatos como la UGT o la CNT, entre otras entidades de diversa clase.
Sin embargo, todavía queda un pleito pendiente que no sólo afecta a Catalunya, sino también a Euskadi, Valencia y regiones españolas como Andalucía, Murcia, Extremadura, Asturias o Cantabria. Se trata del retorno a Catalunya, y en concreto a la Generalitat como Gobierno legítimo de este país, de los documentos que le fueron hurtados en 1939.
Pero esta restitución, lejos de llevarse a cabo, ha topado con la oposición de la actual ministra de Cultura del gobierno del PP, Sra. Pilar del Castillo, que con un tono beligerante ha pretendido dar la cuestión por "zanjada".
A raíz de la constitución de la Comissió Ciutadana de la Dignitat, empero, esta problemática ha adquirido una nueva dimensión. La entidad mencionada ha firmado un manifiesto donde se exige el retorno de los materiales y documentos expoliados por el franquismo, que actualmente se encuentran en Salamanca. Los beneficiarios de este material no son otros que el Gobierno de Catalunya, el Parlament y el resto de afectados por la sustracción, tanto ayuntamientos, partidos y sindicatos, como diversas entidades y centenares de ciudadanos y ciudadanas. Por este motivo, también se han adherido a este manifiesto muchos ayuntamientos implicados, como los de Barcelona, Tarragona, Badalona, Tremp, Tortosa o Borges Blanques, los sindicatos CNT, UGT y CDCI y los partidos ERC y PSUC, además de entidades como l'Orfeó l'Ecó de Catalunya, el Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya y particulares como la escritora Teresa Pàmies o los herederos del Professor Capo y de Antoni Rovira y Virgili. Esta reivindicación, además, ha contado con el apoyo de más de 600 profesores de 200 universidades ubicadas en 47 países de todo el mundo. |
| ¿Qué es el fondo de Salamanca?
Desde que Franco accedió al cargo de único jefe del Estado, en plena Guerra Civil, se empezaron a tomar una serie de medidas contra los enemigos del nuevo régimen. La primera de ellas fue el decreto de disolución de los partidos, promulgado el 13 de septiembre de 1936, que declaraba fuera de la ley a todos los partidos y organizaciones sociales integrantes del frente de izquierdas que había triunfado en las elecciones celebradas en el mes de febrero de ese año. Además, el decreto ordenaba la confiscación de todos los bienes de estas organizaciones, incluida su documentación.
Posteriormente, el 22 de diciembre se dictó otro curioso decreto, que declaraba ilícito el comercio de libros pornográficos. Evidentemente, su texto dejaba entrever que no se trataba de un puro decreto moralista, sino que pretendía perseguir la producción, el comercio y la circulación de libros, periódicos, cualquier clase de impresos y grabados de literatura socialista, comunista, libertaria y, en general, "disolvente", un término empleado por los franquistas para hacer referencia a cualquier expresión ideológica considerada incompatible con el nuevo régimen.
Más tarde, se decretó la "depuración" de todas las bibliotecas públicas. Con ello se quería hacer desaparecer cualquier rastro de la prensa y la literatura contraria al franquismo. Al mismo tiempo, el nuevo régimen implantó los consejos de guerra para perseguir a los ciudadanos contrarios a la "España Tradicional y Católica". También se procedió a la apertura de expedientes por responsabilidades políticas, que comportaban graves sanciones e incluso la expoliación de los bienes de las personas juzgadas.
En otro nivel, se empezó a llevar a cabo una depuración del personal de la Administración Pública, que en Catalunya supuso la expulsión de todos los empleados de la Generalitat y de los trabajadores que se hubieran incorporado a los ayuntamientos después de la proclamación de la República. El motivo: se consideraba que la Generalitat y los nombramientos realizados en los ayuntamientos en base a leyes catalanas, como la Llei Municipal de Catalunya, eran contrarios a la "unidad de la patria". Únicamente eran readmitidos en la carrera pública los trabajadores que demostraban la "adhesión inquebrantable" al nuevo régimen.
Dentro de esta vorágine, también perdieron su empleo muchos trabajadores de empresas privadas simplemente por haber colaborado con los organismos de colectivización que hubo durante la guerra. Para realizar estas tareas de depuración, el franquismo percibió desde el primer momento que debía obtener la máxima información sobre las actividades de los ciudadanos, especialmente en las zonas donde no había triunfado la revuelta militar, como Catalunya.
Confiscaciones
En 1937 se creó la Oficina de Información y Propaganda Antimarxista (OIPA), un organismo estatal encargado de realizar actividades propagandísticas y de naturaleza similar al de otras entidades fascistas de Alemania o Italia. Una de las actuaciones de la OIPA consistía en requisar cualquier tipo de documentos, libros y otras publicaciones de las zonas ocupadas por el ejército franquista, con el fin de obtener datos sobre los enemigos del régimen.
Paralelamente, durante el verano del 37 se le encomendó al señor Marcelino de Ulibarri y Eguiraz, extremadamente integrista, la organización del operativo de investigación durante la ofensiva de Euskadi. Los equipos de registro buscaban información en las dependencias de los gobiernos, partidos, sindicatos y cualquier tipo de entidad de izquierdas.
La documentación obtenida se depositaba en una oficina instalada en Bilbao donde se elaboraban listados y fichas de nombres de personas, que posteriormente se entregaban a la policía y la auditoría de guerra. De aquella campaña destacó el descubrimiento de 113 cajas de documentos del gobierno vasco preparadas para ser enviadas al exilio desde el puerto de Santander. Esta documentación se llevó a la sede de aquel organismo, en Salamanca, ciudad que fue la capital del nuevo régimen antes de establecerse en Burgos. A mediados de 1938, en un informe se decía que en las oficinas centrales de la OIPA se habían llegado a procesar un millón de documentos, dispuestos en 50.000 legajos, y se habían hecho medio millón de fichas.
En abril del 38, un decreto de la Gobernación de Ramón Serrano Suñer formalizó la constitución de la "Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos" (DERD). Este organismo oficializaba y daba nuevas facultades al servicio creado por Ulibarri. En concreto, se le encargó la recogida de la documentación del enemigo en los territorios que se fueran ocupando.
La información clasificaba a las personas aparecidas en los documentos requisados según su afiliación a partidos, sindicatos o instituciones pro-republicanas, llamadas "comunistas o separatistas" en función de si defendían la República o la autonomía de Catalunya. El medio millón de fichas de personas elaboradas durante 1938 quedaban listas para entregarlas a los organismos judiciales o a la policía, de la que dependía el DERD. Más tarde, los archivos de la nueva policía franquista también se nutrieron de los datos obtenidos por este organismo.
Campaña de Catalunya
Durante el mes de abril de ese año, los equipos de "recuperación" registraron las zonas de Catalunya comprendidas entre Tremp y Lleida hasta la Terra Alta y el Montsià. Cuando el ejército de ocupación inició la última ofensiva sobre la región, junto a las tropas de la vanguardia iban diversos equipos de registro para intervenir la documentación de las poblaciones que caían en sus manos. Posteriormente, en la oficina central se procedía a la recogida de datos sobre las direcciones de los partidos, instituciones, sindicatos y otras entidades de Barcelona, que era el gran núcleo contrario al régimen franquista. En el momento de ocupación de la ciudad, los franquistas tenían unas 2.000 direcciones organizadas por calles y según la urgencia de su registro. Entre las urgentes se encontraban las editoriales y las sedes de publicaciones periódicas como diarios y revistas.
Mientras, en Zaragoza estaba preparada la columna de Orden y Policía que tenía que hacerse cargo de Barcelona. Estaba formada por diversas unidades militares, encomendadas de llevar a cabo el mantenimiento del orden y la investigación policial, y por las milicias de la falange y otros organismos del ministerio de Gobernación como el Servicio Nacional de Propaganda, en el que se incluía el personal de la DERD. Si Barcelona se ocupó el día 26 de abril, al día siguiente llegaron estas unidades, que empezaron las tareas de represión con la disposición de campos de concentración en zonas de Horta, en el pabellón de las misiones de Montjuïc o en la fábrica de cáñamo del Poble Nou, además de la prisión modelo y la cárcel de mujeres.
El día 28, el centenar de efectivos de la DERD empezó las operaciones de registro y confiscación de documentación. El personal se organizaba en seis equipos para operar en las diez zonas en que los ocupantes habían dividido la ciudad. Mientras, en la oficina central de la DERD, ubicada en el número 264 de la calle Muntaner, se encontraban los equipos que trataban la información intervenida y rellenaban fichas y listados que posteriormente se entregaban a la policía. Asimismo, en este lugar se elaboran informes de antecedentes a petición de juzgados u organismos depurativos. Se hicieron listas de afiliados a entidades masónicas, de cargos de sindicatos, de profesores nombrados por la Generalitat empleados en diversas escuelas superiores de cultura y en la Universidad Autónoma de Catalunya, y de trabajadores del diario "Treball" del PSUC.
La documentación intervenida se colocaba en sacos, en los que se indicaba el lugar donde se había obtenido, y se enviaba diariamente a diferentes almacenes distribuidos por la ciudad a través de camiones. El volumen de información era tan grande que no tenían medios suficientes para procesarla, por lo que únicamente se centraban en los documentos más "golosos" para elaborar, por ejemplo, ficheros o listados de afiliados o cargos. El día 7 de junio se hizo el último registro de los más de 2.000 llevados a cabo durante la campaña.
Registros de prensa El registro de la prensa tenía carácter preferente y por ello se asaltaron tanto las redacciones como los talleres de los diarios y revistas de sindicatos como la Agrupació Professional de Periodistes. Esta entidad tenía una sección de reporteros gráficos, donde estaban afiliados fotógrafos de prensa de aquel momento como Merletti, Domínguez, Pérez de Rozas, Puig Farran, Brangulí, Claret, Centelles, Torrents, Bernadó, Quintana o Pérez Molinos.
La Agrupació estaba adscrita a la UGT, entonces ubicada en el actual Hotel Montecarlo de la Rambla de Barcelona. En este edificio se encontraban la redacción y los talleres del diario "Las Noticias", en manos del citado sindicato, y la redacción del diario "Treball". Existe constancia del registro y confiscación de documentos de ambas cabeceras y de diarios editados en catalán como "La Rambla", "La Publicitat", "La Humanitat" y "Última Hora", además de otros como "El Diluvio", "El Día Gráfico" o "La Noche".
También se incautó información de publicaciones que ya no se editaban, como la antigua "Veu de Catalunya", diario del partido conservador catalanista la Lliga que se imprimió sólo durante unos meses de 1936 en manos de la CNT. También se registró la redacción de "La Batalla", que dejó de publicarse el 27 de mayo de 1937 a raíz de la persecución sufrida por la organización que lo editaba, el POUM.
En los locales de los diarios se buscaba información sobre los redactores y los suscriptores, y se registraban las colecciones de las publicaciones y las fotografías, que facilitaban imágenes gráficas de las personas que perseguían los franquistas. En la redacción de "El Frente Rojo", la publicación del PCE instalada en Barcelona después de la ubicación del Gobierno de la República en la ciudad, se intervino todo el archivo fotográfico, donde podían encontrarse imágenes de actos políticos e instantáneas del frente bélico. Otras cabeceras como el "Diari de Catalunya", del Estat Català, fueron más previsoras y destruyeron todos los datos de sus redactores y suscriptores, tal y como explicó la escritora Anna Murià, muerta a los 98 años en el momento que escribo este artículo.
Las revistas registradas fueron, entre otras, "Mujeres Libres", "La Revista Blanca", "Xoc", la humorística "Esquella de la Torratxa" o el magazine "Moments", además de "Galizia Nova", editada por los refugiados gallegos, y "Euzkadi en Catalunya", de los refugiados vascos y fuera de circulación desde el final de la guerra, a diferencia del diario del PNV "Euzkadi".
Durante la guerra, los fotógrafos tuvieron trabajo como proveedores de imágenes bélicas y de fotos que ilustrasen los cambios revolucionarios y hechos políticos que se producían. La sindicación obligatoria comportó que se hicieran muchos carnets, por lo que se tomaron muchas fotografías que después se convirtieron un tesoro muy preciado para los franquistas, ya que en las fichas de afiliación no sólo encontraban los datos de las personas, sino también su descripción física. Pensemos que en aquel momento el franquismo todavía no había impuesto el DNI y, por tanto, la policía no disponía de fotografías de los ciudadanos.
Hay que tener en cuenta que no sólo la DERD se dedicaba a registrar las sedes de las publicaciones periódicas, sino también un organismo del Servicio Nacional de Propaganda encargado de requisar publicaciones y libros prohibidos, que eran destruidos después de entregar algunas colecciones a la DERD. El responsable de la oficina de Barcelona, Antonio Palau, comentaba sobre este hecho: "Considerando de vital interés para nuestra causa la eliminación total de cuantos libros, folletos y defensa de sus ideas o de crítica y censura para los que inspira el Glorioso Movimiento nacional." Cabe destacar que del material intervenido en Barcelona, se destruyeron más de setenta toneladas de libros o documentos considerados "sobrantes".
Intervención de fotografías El 6 de febrero de 1939, el Servicio Nacional de Propaganda publicó un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona para advertir que los fotograbadores estaban obligados a entregar los fotolitos que se habían usado para editar libros o publicaciones durante la República. También se indicaba a los fotógrafos profesionales, reporteros y particulares que debían entregar las fotografías de actos públicos o privados tomadas entre el 18 de julio del 36 hasta el final de la guerra.
Los negativos y las copias tenían que depositarse en el lugar donde había estado la comisaría de propaganda de la Generalitat, en el número 442 bis de la Diagonal. La persona encargada del departamento de fotografía era Josep Compte, fotógrafo que durante la guerra publicó instantáneas en la línea estética de las revistas de la Alemania nazi, y que después se dedicó a la fotografía de estudio de la alta burguesía barcelonesa de la época.
Por tanto, vemos que se hizo una requisa de los fondos fotográficos de las redacciones y de los profesionales. Un testimonio de la confiscación me lo facilitó Joaquim Brangulí, que me mostró el escrito que su padre presentó el 15 de febrero de 1939 para constatar la entrega de 29 hojas de negativos "de los pocos actos que había fotografiado." Con una cierta muestra de aparente candidez, solicitaba que se los devolvieran para reintegrarlos en su archivo y les ofrecía la posibilidad de hacerles copias siempre y cuando se las pagaran. Pero Brangulí sólo entregó una parte de su material gráfico. El resto de placas de vidrio y negativos hechos durante la guerra los escondió, y después de morir el dictador, su hijo los recuperó y los incorporó al cajón de fichas positivadas que Brangulí catalogó durante sus últimos años de vida. Gracias a ello, hoy se conservan en el Arxiu Nacional de Catalunya. Otro testimonio de aquella requisa me lo transmitió el fotógrafo Josep Badosa Mestres, hijo de Josep Badosa Montmany. Al morir su padre por enfermedad en 1937, tuvo que entregar los negativos de su progenitor en las mencionadas dependencias de la Diagonal.
Un tercer caso fue el del joven Josep Maria Pérez Molinos, detenido en 1939 y llevado a la prisión modelo. Aunque pudo librarse del cautiverio gracias a la amistad que mantenía su padre con Joan Carandell, un alto cargo del organismo encargado de devolver las empresas colectivizadas a sus propietarios, al volver a casa descubrió que le habían requisado la mayor parte del trabajo realizado durante la guerra. Por este motivo, ahora sólo conserva muy pocas fotografías de aquel período. El resultado de la gran confiscación llevada a cabo en Barcelona y el resto de Catalunya fue el envío de doce vagones de mercancías a Salamanca con más de 132 toneladas de material, empezado a cargar el 21 de junio de 1939. A este envió se le sumaron otros dos en el mes de septiembre y a principios de 1940, además de dos depósitos de documentos reunidos en Lleida y Tarragona. A finales de 1939, según unos informes de la DERD, en el almacén del convento de Santo Domingo de Salamanca se acumulaban 400 toneladas de documentos procedentes de Catalunya, Madrid, Valencia y las últimas zonas ocupadas por el ejército franquista.
Fin de la campaña Al acabar la campaña de requisa, todo el personal de la DERD fue destinado a las oficinas centrales para continuar con las tareas de procesamiento de aquella inmensa cantidad documentos, libros, periódicos y otros objetos como sellos de goma de organismos o banderas. El proceso se alargó hasta finales de los años cincuenta, llegando a confeccionarse un total de tres millones de fichas y un depósito de 20.067 imágenes, según datos de la propia organización. Una prueba de que en Salamanca están los archivos de la Agrupació de Periodistes la aporta el hecho que Josep M. Pérez Molinos fue a reclamar sus fotos y sólo recibió una copia de su solicitud de afiliación al sindicato.
Aquella maquinaria cumplió sus objetivos básicos. Por un lado, consiguió recoger toda la documentación encontrada del período republicano en Catalunya, cosa demostrada por el gran vacío existente en los archivos catalanes. Por otro lado, contribuyó a la elaboración de un gran archivo policial con información sobre actividades ciudadanas durante el citado período. Con este instrumento, el régimen pudo ejercer la represión sobre la población y evitar que se "infiltrasen" personas contrarias al franquismo dentro de la Administración o en lugares de responsabilidad de empresas privadas.
En las oficinas de la DERD se redactaron miles de informes de antecedentes a petición de los organismos depurativos de auditoría de guerra del ejército de ocupación y de los tribunales de responsabilidades políticas. A partir de 1940, el fondo documental se convirtió en la fuente de los procesos instruidos por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, sustituido en 1964 por otro órgano de jurisdicción especial denominado Tribunal de Orden Público (TOP), que ejerció sus funciones hasta la creación de la actual Audiencia Nacional. Sus actividades fueron de una gravedad similar a las llevadas a cabo por la Gestapo alemana, sólo que sus efectos fueron más intensos por el hecho de operar durante todo el Franquismo hasta su disolución en 1977.
Un tercer objetivo alcanzado por la DERD fue el secuestro de libros, publicaciones y fotografías. Mientras que una parte de ellos se conservan en Salamanca, el resto se destruyó con el fin de no dejar rastro de la memoria de los vencidos. Así, se pretendía hacer desaparecer cualquier impreso que contuviera ideas "disolventes", es decir, contrarias al pensamiento único del régimen franquista.
En definitiva, esta operación fue un elemento fundamental del genocidio perpetrado por el franquismo contra el pueblo y la cultura de Catalunya. Diversos diarios y otras publicaciones catalanas sufrieron la expoliación de sus fondos documentales y profesionales. Mientras, fotógrafos como Puig Farran o Sagarra fueron apartados de su trabajo en la prensa al negárseles su carnet profesional por tener antecedentes policiales. Esta información no procedía sino del fondo salmantino de la DERD, llamada Delegación Nacional de Servicios Documentales a partir de 1944.
Pero lo más grave de todo es que hoy en día continúe ese secuestro documental en Salamanca con el pretexto de ser el archivo de la Guerra Civil, ya que en realidad se encuentra repartido en diversos archivos militares como los de Ávila, Guadalajara o Toledo, y en los de la Administración de Simancas y de la policía, entre otros.
Un folleto sobre el "archivo" de Salamanca decía que poseía publicaciones imposibles de encontrar en ningún otro sitio: evidentemente, ya que durante las expoliaciones se confiscaron todos los documentos posibles y después se destruyeron, dejando sólo una muestra en la sede de la DERD. Por este motivo, es necesario que se devuelva el material requisado a sus lugares de origen, al igual que ha ocurrido con las expoliaciones cometidas por los nazis.
Mantener la retención de los fondos supone que en el archivo de Brangulí falten los negativos que no se le han devuelto y que el resto de fotógrafos no hayan recuperado lo que les arrebataron. En el archivo de la DERD y del Servicio Nacional de Propaganda están los documentos de las confiscaciones y los negativos entregados por cada fotógrafo. Por ello, se ha de restituir en los archivos catalanes el vacío documental existente sobre las organizaciones profesionales y la prensa anterior a 1939
El supuesto archivo esconde bajo su nombre su verdadera naturaleza de aparato represor, ya que los documentos incautados eran un puro elemento instrumental para acabar de configurar un gran fichero policial de tres millones de entradas, que no se pueden consultar y se les llama fichas de "referencias personales". Si van a visitar el archivo de Salamanca, podrán ver unas fotografías de la colección de Robert Capa compradas, pero no los miles de fotografías que continúan secuestradas.
Por tanto, resulta necesario un acto de restitución moral y material hacia las personas, organizaciones profesionales e instituciones democráticas que sufrieron el expolio y la persecución posterior por parte de la dictadura. Si la transición se llevó a cabo mediante una reconciliación, este acto de desagravio no se cumplirá hasta que no se devuelva a Catalunya el fondo documental secuestrado en Salamanca. |
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