Pero no pensemos que Torras i Bages era una comunidad, porque nunca lo fue. Allí se llegaba sólo o en pequeños grupos y, aunque cada uno cargaba con su propia huida, todos compartían un presente de lucha y la misma esperanza de futuro. Unos pocos afortunados ya habían conseguido los soñados papeles para poder trabajar legalmente. No obstante, sus pequeños ingresos no les permitían acceder al alquiler de un habitáculo sin sacrificar la ayuda económica que sus familias necesitaban en sus países de origen. Otras veces, aquellos que sí podían pagar un alquiler no contaban con ahorros suficientes para hacer frente a las garantías iniciales exigidas por los propietarios. Y en el peor de los casos, eran mal recibidos a causa de sus acentos o de sus nacionalidades.

Cada vez vivían más personas en los cuarteles -hasta 800 a la vez-, pero incompresiblemente nadie hacía nada. El Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos, y el Ayuntamiento de Barcelona, comprador de los mismos, no se ponían de acuerdo. Ninguno de los dos quería asumir la carga de sus ocupantes. En realidad, fueron los vecinos quienes con sus quejas continuadas y sus sonoras manifestaciones para exigir unos equipamientos prometidos hace 20 años, quienes despertaron a la Administración de su letargo. Esta amenaza provocó un cambio positivo en los habitantes de los cuarteles, y con la ayuda de algunas personas y colectivos como Papeles para Todos, consiguieron organizarse para salir al exterior y reivindicar sus necesidades. Proponían la única solución posible: un permiso de trabajo temporal que les permitiera salir del bucle en que se encontraban.

Pocos días antes del juicio motivado por la demanda presentada por el Ministerio de Defensa para desalojar urgentemente los cuarteles, entraron las brigadas de limpieza del Ayuntamiento con la intención de desratizar el recinto y llevarse la enorme cantidad de desperdicios acumulados durante meses. Sorprendentemente, no empezaron por los espacios más vacios, sino que derrumbaron los pocos edificios que aún estaban desocupados. El fin del sueño se palpó ese día.
El 21 de julio de 2003 tuvo lugar la vista del juicio, en que 13 abogados -12 de oficio- tuvieron que defender a unos 500 inmigrantes. Muchos no habían podido entrevistarse previamente con sus clientes, o lo hicieron sin ningún traductor. La jueza no consideró que hubiera indefensión, y el abogado del Estado pidió el desnonamiento por la vía de urgencia mediante la habilitación de días festivos y del mes de agosto. Aunque la jueza desestimó la petición, la suerte estaba echada.

Durante el mes de agosto se intensificó la presencia policial. El asedio era tan grande que algunos de los inmigrantes no pudieron salir a la calle para buscar comida durante días. Más de 400 personas fueron detenidas y 270 deportadas a sus países de origen. La única detención que llegó a la opinión pública fue la de Yerko Toro, el representante más visible de los habitantes de los cuarteles. Fue una detención selectiva, un aviso para dar a conocer las reglas del juego. Permaneció más de 30 días detenido en la comisaría de la Verneda y estuvo a punto de ser expulsado a Chile.

Mientras, los derribos continuaban a un ritmo frenético. Se demolieron muchos habitaciones "por error" y se hicieron desaparecer las únicas duchas del recinto instaladas meses antes por Médicos del Mundo con gran acierto. El Ayuntamiento sostenía que se trataba de trabajos de limpieza y de realojamiento voluntario. Sus trabajadores sociales y los miembros de la Cruz Roja convencían a los inmigrantes para que aceptaran realojarse en una pensión -durante un máximo de tres meses-. Los presionaban sin ningún escrúpulo.

Muchos inmigrantes tenían miedo de salir de su casa porque esta podía ser derribada en cualquier momento. La policía empezó a entrar indiscriminadamente en los habitáculos, a menudo usando la violencia. Delante del Síndic de Greuges se denunciaron palizas a seis inmigrantes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Mientras, las televisiones y los titulares de algunos periódicos destacaban la acción humanitaria de la Cruz Roja y el creciente número de inmigrantes realojados. La opinión pública dormía con la conciencia tranquila y los gobernantes empezaban a respirar.
Cuando la jueza dictó sentencia a mediados de noviembre, unas 300 personas estaban aún en los cuarteles -algunas habían vuelto después del realojo temporal-, y la mayoría de los edificios habían sido derribados. Incluso los tabiques interiores de los edificios principales del paseo habían sido destrozados para forzar la marcha de los últimos ocupantes. Dice la sentecia: "Todos los ocupantes deberán entregar el inmueble en el plazo de un mes, cuidando los demandados de retirar los muebles y enseres de su propiedad que se encuentran en dichos inmuebles, dejándolos libres, vacuos y expeditos (…) Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno". Este terminio finalizó el 27 de diciembre, dos días después de Navidad, tradicionalmente tiempo de amor y de fraternidad en nuestras tierras.
Incomprensiblemente, algunos creen que los problemas desaparecen al dispersarlos: son los gobernantes simples e inconsecuentes. Su creatividad para resolver problemas es tan pobre que la idea más brillante que propusieron fue pagar un billete de avión hasta Barcelona a algunos de los que llegaban a Fuerteventura en patera, y recomendarles los cuarteles como sitio para vivir. ¿Sería para el Fòrum de las Culturas? O, tal vez, son más listos de lo que parecen y confiaban que los recién llegados pudieran establecer amistad con los ghaneses que llevaban más de un año habitando los cuarteles, aquellos que anteriormente habían vivido durante meses bajo las estrellas de la plaza Cataluña y que, después de ser expulsados, decidieron peregrinar por diferentes espacios de la ciudad hasta que una detención masiva en la plaza André Malraux el 17 de agosto de 2001 acabó con 185 detenidos y 85 expulsiones directas. No hay duda que ellos serían los mejores mensajerons de cómo se acaba en estas tierras con los sueños de los más incautos.